Independencia judicial

La independencia judicial es el principio de que la judicatura y fiscalía debe ser inmune de las injerencias de los poderes políticos o extra políticos. Es decir, la imparcialidad e independencia judicial exige que para su misión de defensa de la legalidad o de concreción y privación de derechos, las y los jueces y fiscales, en el ejercicio de sus funciones, esté libre de injerencias, influencias o intervenciones que provengan no sólo de sus pares y de los poderes políticos (Ejecutivo y Legislativo), sino también extra políticos: de intereses privados poderosos, del electorado, de la nación, partidistas o cualquier otro grupo de presión. La independencia judicial es vital e importante para la separación de poderes.

Diferentes países abordan la idea de la independencia judicial a través de diferentes medios de selección de jueces y fiscales. Una manera de promover la independencia judicial es otorgando a los jueces la tenencia vitalicia o la tenencia prolongada, lo que idealmente los libera para decidir casos y emitir resoluciones de acuerdo con el estado de derecho y la discreción judicial, incluso si esas decisiones son muy impopulares u opuestas por intereses poderosos. Este concepto se remonta a la Inglaterra del siglo XVIII.

En algunos países, la capacidad de la judicatura para controlar a los poderes políticos se ve reforzada, por ejemplo, imponiendo ciertas medidas cautelares cuando el poder judicial perciba que otro poder del Estado se niega a cumplir un deber constitucional o declara inconstitucionales las leyes del órgano legislativo y los decretos, reglamentos o actos del ejecutivo y la administración.